Las claves de la huelga que ha retrasado el inicio de la Liga F

El pasado fin de semana estaba previsto que arrancara la Liga F, como se conoce ahora en España a la competición doméstica femenina. Sin embargo, la anunciada huelga de las árbitras de Primera División supuso que ninguno de los partidos se disputara.

Un parón que había sido previamente una amenaza, con la esperanza de que las partes implicadas solucionaran a tiempo el conflicto, que tiene como principal foco el salario que perciben las colegiadas, que reclaman un aumento acorde a los estándares de la que es, por fin, una liga profesional.

Las árbitras pertenecen a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), institución cuyo interés en el fútbol femenino ha sido puesto en duda al no actuar a tiempo para el correcto inicio de la competición; acusaciones por parte de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), que considera que esta ausencia de soluciones es sólo una batalla más de la guerra que mantienen ambos organismos y que tiene su origen en desavenencias en el fútbol masculino.

Reuniones de urgencia para desatascar la situación

Tras la suspensión de la jornada 1, se han realizado una serie de reuniones de urgencia para nada fructíferas. La primera, el lunes por la tarde en la que se respiró un ambiente cordial entre las partes implicadas pero que finalmente no terminó con una resolución que las contentara. La segunda, este mismo martes por la mañana.

Un segundo encuentro en el que ha llamado la atención la no asistencia de los máximos dirigentes de las dos instituciones enfrentadas; Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la LPFF, y Luis Rubiales, su homólogo en la RFEF.

Sendos organismos estuvieron representados por Ana Álvarez, directora del fútbol femenino de la federación y Pablo Vilches, CEO de la liga, entre otros directivos; además de Yolanda Parga, la responsable del arbitraje femenino y cabeza visible del colectivo que ha iniciado la huelga.

La tercera reunión ha sido convocada por el Consejo Superior de Deportes, mediador en las dos anteriores, y emplaza a los implicados a sentarse en la tarde del martes con el objetivo de hallar un acuerdo permanente que permita el inicio de la Liga F.

¿Qué reclaman las árbitras?

El origen de todo el conflicto es el salario del colectivo arbitral de la Primera División Femenina. Tras la reciente profesionalización de la misma, las colegiadas denunciaron que ellas eran las únicas que no tenían un contrato profesional como el resto de los roles que conforman la Liga. La RFEF es responsable directa de la regulación de juego y del colectivo arbitral, como ocurre en el fútbol masculino, por lo que han estado del lado de las árbitras para tratar de alcanzar su reivindicación.

Hasta ahora, el trío arbitral designado en cada encuentro percibía un total de 3.300 euros, que se repartía de la siguiente forma: 300 euros para la árbitra principal, 168 para la asistente y 75 para la tercera, mientras que el resto del dinero iba a parar a desplazamientos y dietas.

En una rueda de prensa en la que tomaron el mando algunas de las árbitras más reconocidas del fútbol nacional, entre ellas la colegiada internacional Guadalupe Porras, detallaron que lo que piden es sólo una sexta parte de lo que cobran los árbitros en la primera división masculina. Esto es, un salario anual de alrededor de 21.000 euros que con los años alcanzaría los 50.000, lejos de los 300.000 de los colegiados masculinos.

❝Si queremos una liga profesional, es importante que las árbitras tengan contrato. Somos el único estamento que no lo tiene. Si queremos seguir evolucionando, es fundamental que las árbitras dispongan de ese contrato❞

— Guadalupe Porras, árbitra internacional. pic.twitter.com/f0n9UC9bg9

— RFEF (@rfef) September 2, 2022

¿Qué ofrece la Liga?

Además de intentar mediar directamente con el colectivo arbitral, algo que se rechazó por no querer este actuar al margen de la RFEF, la Liga ha puesto sobre la mesa un remedio intermedio que destinaba los citados 3.300 euros al trío arbitral íntegro, con los gastos de desplazamientos y dietas aparte. Algo que no convence, no sólo por la reducida cantidad económica sino porque en la reclamación de las árbitras también se incluye una cobertura para posibles lesiones, condición indispensable para dotarles de un estatus profesional.

El CSD insta a una solución definitiva

Con estas cifras sobre la mesa y el recelo que nutre la relación entre las instituciones, el CSD ha convocado una nueva reunión para «buscar un acuerdo con carácter urgente y permanente para un comienzo en paz de la competición profesional femenina». Está por ver si, como aventura el dicho popular, a la tercera va la vencida.